Octubre 18, 2019
El Comercio

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Los precios de los productos agrícolas se mantienen y deben respetarse. Así lo manifestó el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Xavier Lazo, la tarde de este viernes 4 de octubre del 2019, en una rueda de prensa desde las instalaciones del sistema ECU 911. Informó que se ha activado conjuntamente con las gobernaciones equipos de supervisión y control de los mismos, así como a la Superintendencia de Control de Poder y Mercado.

Según Lazo, “en el caso de existir la necesidad de una intervención para regulación de precios, estamos listos para comprar con la UNA a nuestros agricultores, siempre favoreciendo a los más pequeños. No vamos a permitir que la confusión le gane a la formalidad y sobre todo ponga en peligro el alimento diario de los ciudadanos”. El ministro recordó que con anterioridad se había logrado un acuerdo nacional para la reducción en los precios de los insumos agropecuarios. Por lo tanto, “estaremos vigilantes” de que se cumpla. “Tenemos reportes que en varios lugares no se está respetando este acuerdo y eso no está permitido. Aquí todos ponemos el hombro y todos respetamos al agricultor”, añadió.

Lazo también que había recibido reportes de cientos de agricultores sobre problemas para movilizar la producción a causa del paro de transportistas que comenzó el jueves 3 de octubre y que la dirigencia nacional del gremio anunció la terminación la noche de este viernes. Calificó de “inhumanos” los bloqueos a productos perecibles, cuando un país debe cuidar la soberanía alimentaria. Señaló que se han activado las gobernaciones, Policía Nacional, FF.AA. y Secretaría de Comunicación para identificar a los agricultores que tienen problemas para movilizar sus productos. El gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart, señaló que se realizan operativos en los mercados mayoristas y minoristas para evitar los incrementos de precios. En caso de que se registre incremento de precios, los ciudadanos pueden llamar al 1800 ‘Lo justo’ para denunciar.

Según Lazo, que se está trabajando en un plan crediticio para equipamiento de riego y motores de sistema eléctrico a más largo plazo y con un tiempo de gracia adecuado. Además, habrá otra fórmula de crédito para financiar a más plazos subestaciones eléctricas, líneas especiales para asociatividad para sistemas de bombeo y las tecnologías para migrar al uso de energías renovables en el sector agropecuario. El presidente del directorio BanEcuador, Jorge Wated, dijo que abrieron una línea para financiar activos fijos.

“Con montos que van desde los 50 dólares hasta los 3 millones de dólares, con tasas de interés del 8, 53 % hasta el 10%, dependiendo de la empresa. En caso de los agricultores será a tres años para que puedan electrificar su sistema de bombeo dentro de sus haciendas”, informó.

También dijo que están trabajando con el MAG y Finanzas para hacer un fondo a través de un fidecomiso que pueda reducir la tasa de interés el próximo mes para mejorar el microcrédito del agricultor. Finalmente la creación de un fondo independiente administrado por BanEcuador para reactivar la línea de crédito de agricultores que tuvieron problemas económicos.

Conseguir agua segura puede ser una odisea en algunas comunidades rurales de Ecuador. Los habitantes de zonas agrícolas de Los Ríos dependen de pozos que suelen colapsar en la temporada de inundaciones. Mientras que en la zona norte de Guayas, en el límite con Manabí, la escasez de lluvias amenaza con secar las reservas, también de pozos y albarradas. El informe Agua, saneamiento e higiene: Medición de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) en Ecuador, reveló en el 2017 que el 56% de la población nacional -17,2 millones- cuenta de manera simultánea con agua segura, saneamiento básico e insumos para el adecuado lavado de manos. La cifra es menor en las zonas rurales, con el 36%; y apenas alcanza el 30% en la región amazónica. Al ampliar el panorama, la realidad en América Latina también es contrastante. Es una zona rica en recursos hídricos, donde 220 millones de sus más de 600 millones de habitantes aún carecen de agua segura. “Latinoamérica es una región privilegiada en términos de agua dulce. Tenemos un tercio de los recursos de agua fresca del mundo y un séptimo de la población global. Sin embargo el agua no está distribuida de manera equitativa en toda la región”, explica Sergio Campos, jefe del equipo de Agua y Saneamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Una radiografía de la región fue el tema que Campos compartió en la apertura de la Conferencia Internacional sobre innovación y uso sostenible del agua: ciudades, industrias y agricultura. El encuentro fue convocado por la Asociación Internacional del Agua y el BID. Desde este lunes 30 de septiembre de 2019 reunió a expertos nacionales y extranjeros en la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol), en Guayaquil. Las charlas se enmarcan en los desafíos que plantea el cambio climático en América Latina y en la innovación como herramienta para alcanzar el ODS 6 propuesto por las Naciones Unidas: garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible en 2030. Para Campos, el gran desafío que tiene la región a futuro es el saneamiento. Y la innovación es el motor que puede aportar a reducir esa brecha, tanto en zonas urbanas como rurales. Si de innovación se trata, para William Sarni el futuro del agua es digital. El representante de la firma Water Foundry, demostró cómo las tecnologías digitales están permitiendo democratizar y personalizar el uso del agua. Y dio el ejemplo de empresas que utilizan aplicaciones para proveer agua fresca y purificada a los hogares, sin la necesidad de usar envases.

Para mitigar el impacto del cambio climático, Philippe De Meayer mostró algunas herramientas desarrolladas por la Universidad de Ghent para cálculos de riesgos de inundación, que pueden arrojar datos sobre pérdidas económicas, agrícolas, incluso humanas. Algunos instrumentos aplican simuladores con modelos 3D de ciudades. “Estas herramientas serán integradas en una sola aplicación que puede sumarse al plan de ciudades inteligentes”, dijo. El incremento del nivel del mar es una alerta global. El informe más reciente del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático advierte un aumento de 43 centímetros al 2100 si la temperatura se eleva 2°C más. Pero si alcanza 3 o 4°C, por encima del promedio, el mar podría subir 84 centímetros. Las cifras fueron expuestas por José Luis Santos. El gerente general de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag EP) dio además datos de la urbe porteña. Según los registros de dos estaciones de monitoreo ubicadas en el Golfo de Guayaquil, explicó que el mar ha aumentado cerca de 20 centímetros entre 1984 y 2016.

Para vigilar esas variaciones, Guayaquil se sumó a la red Saica, un Sistema Automático de Información de Calidad de las Aguas que se está implementando con el financiamiento del Banco Mundial en la cuenca del río Daule, la principal fuente de captación de la ciudad. Esta es una de las estrategias dentro del Fondo para la Conservación del Agua de Guayaquil, que agrupa a instituciones públicas y privadas. Luis Domínguez, director del Centro de Agua y Desarrollo Sustentable de la Espol, explica que uno de los objetivos de la Conferencia Internacional es promover una red nacional sobre la gestión del recurso hídrico en el marco de la Asociación Internacional del Agua, que cuente con el apoyo del BID, para desarrollar estudios sobre el uso sostenible del agua a futuro. “Estamos en un momento en el que la agricultura compite por agua con las ciudades. Esto demandará tomar una decisión sobre cuánta agua debe destinarse a agricultura, cuánta se necesita para las ciudades, cuánto para biodiversidad... Esa será la discusión de los próximos años; necesitamos asignar la cantidad correcta de agua a cada una de las actividades”.

Carmen Paredes tiene 38 años, siete de ellos asegurada al Seguro Social Campesino. Ella se afilió por las atenciones médicas para sus cuatro hijos. “En el campo hay riesgos y aseguré a mi familia”, dice esta mujer, que reside en la localidad rural de Cangahua, perteneciente a Cayambe. Los afiliados a este Seguro, que cumplirá 51 años el próximo 28 de agosto, pueden acceder a medicina general, odontología y obstetricia. No solo ellos, también sus familiares, a los que se conoce como dependientes. Además, deben cumplir con el requisito de vivir en el campo y laborar en actividades agrícolas o pesca.

Carmen, por ejemplo, cultiva la tierra con su familia. Antes de afiliarse -cuenta- debía gastar en médicos y medicinas para tratar cualquier enfermedad; también optaba por sacar turnos en los centros de salud del Ministerio del ramo. “Me demoraba mucho en acceder a un médico o especialista”. Hoy, su situación ha cambiado. Con USD 2,31 mensuales cubre la atención médica, en primer nivel, de toda su familia. Es decir, se tratan heridas, se hacen curaciones y extracciones de cuerpos extraños. Aunque -reconoce Carmen- ha tenido que esperar más de un mes para acudir a un hospital de especialidades y practicarse dos cirugías: intervención ocular y pólipos uterinos. En el país hay 1,07 millones de afiliados. 64% son dependientes y 34% son jefes de familia. La cifra total es inferior a lo registrado en el 2016, en donde hubo 1,18 millones de asegurados (sin tomar en cuenta los jubilados).

Los datos nacionales son hasta julio y fueron proporcionados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).


¿Cómo alimentar a una población cada vez más numerosa sin destruir la naturaleza? Esta cuestión crucial para la supervivencia de la humanidad es tratada desde este viernes 2 de agosto del 2019 en Ginebra. El informe especial del grupo internacional de expertos de la ONU sobre el cambio climático (IPCC) dedicado al “cambio climático, la desertización, la degradación de los suelos, la gestión sostenible de las tierras, la seguridad alimentaria y los flujos de gases con efecto invernadero en los ecosistemas terrestres”, que se publicará previsiblemente la próxima semana tras unos encuentros a puerta cerrada, constituirá el análisis científico más completo sobre este tema realizado hasta la fecha.

Este texto, de más de 1 000 páginas, debería destacar la forma en que la alimentación industrial, del productor al consumidor; la explotación generalizada de los recursos o incluso algunos esfuerzos para contrarrestar los efectos del cambio climático, comprometen la capacidad de la humanidad para alimentarse en el futuro. El documento también debería esbozar el panorama de una sociedad en la que 2 000 millones de adultos tienen sobrepeso o están obesos y en la que se tiran enormes cantidades de comida, mientras que el hambre afecta a millones de personas en todo el mundo. “Se puede decir que este informe concierne mi paisaje, mi granja, mi alimentación”, declaró el presidente del IPCC, Hoesung Lee, en la apertura de los debates. Este informe “es un elemento científico muy importante” , afirmó de su lado Inger Andersen, directora del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma). Las conclusiones del informe se plasmarán en un resumen que las delegaciones de unos 195 países, reunidas en Ginebra, examinarán detalladamente a partir de este viernes, antes de aprobar una versión definitiva. La reunión servirá para poner en relieve la importancia de un uso óptimo de las tierras, un aspecto ignorado durante mucho tiempo, según los expertos. “Cuando observamos las repercusiones del cambio climático y las contribuciones a ese cambio, el sector de las tierras es increíblemente importante”, declaró Lynn Scarlett, de la oenegé The Nature Conservancy.

“Las consecuencias son amplias y no conciernen al futuro únicamente: ya están ocurriendo ahora y son críticas para el bienestar de la gente y de la naturaleza”, advirtió. La agricultura y la deforestación representan alrededor de un cuarto de las emisiones de gases con efecto invernadero. La agricultura emplea un tercio de todas las tierras de la superficie y tres cuartos del agua dulce del planeta. Con una población que debería rozar los 10 000 millones de individuos para mediados de siglo, frente a los 2 600 millones de 1950, el temor a llegar al límite del sistema es cada vez más acuciante. La carne y el desperdicio alimentario constituyen dos puntos negros. Alrededor del 30% de la comida producida termina en la basura. “Aunque las tierras produzcan mucho más alimento del que se necesita para alimentar a todo el mundo, sigue habiendo 820 millones de personas que se acuestan con hambre cada noche”, recordó Stephan Singer, de Climate Action Network. “Este informe llega en un momento crítico, pues la agricultura es a la vez víctima y motor del cambio climático”, agregó Teresa Anderson, de la oenegé ActionAid.

La agricultura extensiva de cereales como la soja, utilizados para alimentar al ganado y para los biocarburantes, contribuyen a la destrucción de los bosques, que almacenan carbono. “Debemos darle la espalda a una agricultura industrial nociva basada en productos químicos, la deforestación y las emisiones” de gases con efecto invernadero, insistió Teresa Anderson. El informe abordará también las cuestiones de la desertización y la degradación de los hábitats por culpa de la agricultura. Cada año se pierde una superficie de bosque tropical equivalente a la de Sri Lanka.

Asimismo, se tratará la disyuntiva entre el uso de las tierras para la alimentación, el almacén de carbono a través de los bosques y la producción de energía a partir de materia biológica. No quedarán al margen de las discusiones la suerte de las poblaciones indígenas y de las mujeres, particularmente expuestas. En octubre de 2018, otro informe especial del IPCC detallaba el posible impacto de limitar la subida de las temperaturas globales a 1,5 ºC, en línea con los objetivos del Acuerdo de París, y sobre los medios para permanecer bajo ese umbral, muy ambicioso. Desde entonces, se han formado movimientos ciudadanos y cientos de miles de personas han tomado las calles para reclamar a los gobiernos que actúen más rápidamente contra el cambio climático