Abril 25, 2019
El País

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Es uno de los asuntos más delicados del momento: la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y la cuestión del presupuesto que se le otorgará para el periodo 2021-2027. Debido al Brexit y la consiguiente pérdida de la contribución del Reino Unido, la Unión Europea (UE) deberá reducir sus gastos, y el apoyo a la agricultura, que todavía es el principal sector de coste de la UE, se verá perjudicado.

¿Hasta qué punto se reducirá? El presupuesto para el periodo actual (2014-2020) es de 408.000 millones de euros, y la Comisión propone recortarlo hasta 365.000 millones para el periodo 2021-2027. Francia y otros países beneficiarios se oponen a esa reducción, y las negociaciones son intensas.

Francia se juega mucho en ello, porque es el principal beneficiario de la PAC al recibir 9.000 millones de euros al año, seguida de Alemania (6.300 millones), España (6.000 millones), Italia (5.400 millones) y Polonia (4.500 millones). Además, en Francia, la PAC representa la parte más importante de las ayudas que recibe de Europa (62%), mientras que para Polonia solo supone el 38%, porque las demás subvenciones, como los fondos estructurales, también son importantes. En Alemania, la PAC representa el 54% de las ayudas percibidas de la UE, en España el 49%, en Italia el 44% y en Bélgica solo el 9%, es decir 600 millones de euros. Teniendo en cuenta lo importante que es la PAC para Francia, hemos decidido ir a ver in situ a un agricultor para ver lo que significa.

Emmanuel Roch tiene 28 años, está soltero y representa a la tercera generación en la granja familiar que explota, en Sainte-Beuve-en-Rivière, en Normandía. Su abuelo compró en 1974 la finca, que por aquel entonces tenía 75 hectáreas para la cría de bovinos, la producción de leche y el cultivo de cereales. Su padre se instaló allí en 1987 y amplió la explotación hasta un poco más de 100 hectáreas, y cuando Emmanuel se instaló a su vez en 2012, la aumentó hasta 150 hectáreas. En la región, es una explotación un poco más grande que la media.

 
Como todos los agricultores, Bernard, el padre, siente nostalgia de la época en que los precios estaban garantizados. De hecho, para los campesinos era una bendición: producían lo máximo posible y tenían la seguridad de vender su producción. Pero para Europa, era un tanto problemático: los excedentes de producción se dispararon en la década de 1980, y los países agrícolas no europeos clamaban contra esta competencia desleal. Esto dio lugar a las grandes reformas de la PAC, que introdujeron a partir de 1992 una adaptación a los precios de los mercados mundiales, empezando por los cereales y la carne bovina. “Al principio era una bendición”, recuerda Bernard Roch. “Se suponía que las subvenciones tenían que compensar la adaptación de los precios de los cereales a los mercados mundiales, pero como los precios se disparaban en ese momento, la PAC era como un dinero caído del cielo para los productores de cereales. No estaba muy justificado”.

Bueno, el mecanismo se adaptó, y aunque, en opinión de Bernard, todavía favorece demasiado a las explotaciones más grandes, señala que desde hace varios años las ayudas no dejan de disminuir: “En 2012, cuando mi hijo se instaló y aumentamos la explotación hasta las 150 hectáreas, recibíamos unas subvenciones de 58.000 euros anuales. Ahora, ya vamos por 43.000”. Una vez dicho esto, reconoce que su supervivencia depende de la PAC: “Sin ella, no saldríamos adelante”. Emmanuel asiente: “Ningún sistema es perfecto, pero hoy en día la PAC es fundamental para la supervivencia de las explotaciones agrícolas. Sin ella, no podríamos vivir”.

Para estos dos agricultores, padre e hijo, que siempre han intentado limitar los insecticidas y los insumos, las ayudas europeas les van a permitir a partir de esta primavera realizar un cambio radical: van a pasarse a la agricultura ecológica. Eso significa un cambio en las superficies de cultivo —menos cereales y más praderas y superficies para alimentar a los animales— y también suprimir el forraje de maíz ensilado para sustituirlo por heno. En resumidas cuentas, inversiones y pérdida de ingresos durante los primeros años que, sin duda, nunca se habrían atrevido a realizar sin las ayudas a la transición hacia el cultivo ecológico ofrecidas por la PAC.

Hemos seguido a Emmanuel Roch durante un día. Pónganse el impermeable, que estamos en Normandía, y vengan con nosotros.

Cada comunidad autónoma tiene que trabajar con una realidad y unos problemas propios, y para hacerles frente maneja los recursos con los que cuenta. En Extremadura, una de esas realidades es el peso importante que tiene la agricultura en su PIB, el 6,1% (el doble que en el resto de España). Uno de sus problemas es la pérdida de población, 7.700 habitantes en el último año. Y unos de los recursos más valiosos con los que cuenta es el agua, uno de cada tres litros que hay en España está embalsado en esta tierra (40 pantanos y una capacidad de 14.000 hectómetros cúbicos de agua).

Son problemas y realidades que vienen de lejos y que han sido barajados de diferentes maneras. Pero al final siempre empieza todo con el agua, con la certeza de que el secano equivale a bajas producciones agrícolas, menor nivel de vida y despoblamiento de los pueblos de Extremadura, donde el 41,6% de la población vive en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Y otra certeza convertida en dato: el 61% de la producción final agraria de Extremadura tiene su origen en el 18% de la superficie total de tierras de cultivo que son de regadío, con un total de 267.423 hectáreas de olivar, arroz, frutales, maíz, tomates, viña y almendros. De nuevo, el agua insiste y establece la diferencia.

Planes extensivos

En estas certezas hay que buscar las razones que sustentan los planes de extensión de los terrenos destinados a regadío que impulsa el Gobierno de Extremadura: una inversión de 288 millones de euros (un 30% lo pone la Unión Europea; un 37%, los regantes; un 22%, el Gobierno Central, y un 10%, la Junta) para convertir en regadío 21.000 hectáreas en un horizonte temporal que llega hasta 2026 en Tierra de Barros (200 millones de inversión en 12 municipios sobre 15.000 hectáreas), la comarca de La Serena (Monterrubio de la Serena, 1.200 hectáreas, 17 millones de euros) y en las Vegas Altas del Guadiana (Arroyo del Campo, 70 millones de inversión para una superficie de 5.000 hectáreas).

Y después de las razones, las palabras: "El regadío es un instrumento fundamental para impulsar el desarrollo de la comunidad, incrementar la producción agrícola, desarrollar la industria agroalimentaria, mejorar el nivel de vida de sus habitantes y fijar la población en estas zonas", apunta Manuel Mejías, secretario general de Desarrollo Rural y Territorio de la Junta de Extremadura. Y para darle fuerza al argumento ofrece un dato: "La población de las Vegas Altas del Guadiana [una zona con municipios como Villanueva de la Serena, Don Benito o Valdivia] ha aumentado un 7,51% en los últimos 20 años".

Los matices también están con el agua. Los presenta Julián Mora, profesor de Ordenación del Territorio de la Universidad de Extremadura: "El regadío ha mitigado la pérdida de población en estos municipios en la época de mayor sangría migratoria". Y añade que "las zonas de regadío solo han perdido un 5% de población", frente a "pérdidas del 30% o 40% en las de secano". Pero en este caso el agua no es suficiente. Mora añade que "ahora hay que dar un segundo paso, necesitamos estructuras de anclaje territorial como la industria agroalimentaria, que junto a la dinámica empresarial de estas zonas son las que crean empleo, el verdadero elemento que fija la población". Y arroja un dato preocupante: "La población del 98% de los municipios extremeños está en situación de regresión irreversible".

¿Y qué opinan los habitantes de los pueblos y zonas donde se van a derramar estas inversiones? En Monterrubio de la Serena (2.415 habitantes), su alcalde, Jesús Martín (PSOE), está muy satisfecho con tener más terreno de regadío "porque se va a duplicar la producción del olivar, y se fijará la población, sobre todo de los jóvenes", en una localidad donde el 80% vive de estos campos. En Zurbarán (883 habitantes), una entidad local menor que nació al calor del Plan Badajoz en 1953 y que es dependiente de Villanueva de la Serena, su alcalde, Víctor Jiménez (PSOE), destaca también la importancia del regadío para fijar población, "tenemos ahora 27 niños en la guardería; aquí el que no trabaja es porque no quiere", explica.

En la montaña, la Junta actúa para resolver un problema estructural, la ausencia de agua en verano para regar. La idea es trabajar para aumentar la capacidad que se tiene para almacenarla. En uno de los municipios que han padecido este problema, Losar de la Vera (2.749 habitantes), su alcalde, Germán Domínguez (PSOE), se muestra "muy contento" por la inversión de algo más de 400.000 euros en el aumento de la capacidad de una balsa de almacenamiento, "una vieja demanda que dará un fuerte impulso a la economía local".